La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) protocolizó, este jueves, 2 de abril, una denuncia [lea aquí, en Portugués y Ingles] en la Corte Penal Internacional (TPI), contra el presidente de la República, Jair Bolsonaro, por practicar crímenes de lesa humanidad que perjudican a la población brasileña ante la pandemia de coronavirus. 

Según la organización, Brasil tiene, en este momento, un jefe de gobierno y de Estado cuyas actitudes son totalmente irresponsables. Por esa razón, demandan al TPI que reciba la denuncia e inicie un proceso para analizar la conducta del mandatario y que condene al mandatario brasileño por crímenes de lesa humanidad, por exponer a la vida de los ciudadanos brasileños con acciones concretas que aumentan el contagio y la proliferación del virus; donde se aplique la pena oportuna. 

“Por acción u omisión, Bolsonaro pone la vida de la población en riesgo, perpetra crímenes que exigen la actuación de la Corte Penal Internacional para proteger a la vida de miles de personas. Algunas proyecciones estadísticas demuestran que en Brasil habrá más de un millón de muertes en caso de que no se respeten las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, asevera el documento firmado por los abogados Ricardo Franco Pinto (España) y Charles Kurmay (USA).

Violación de medidas sanitarias 

Los juristas enumeran la serie de acciones realizadas por el mandatario que disminuyen la gravedad de la pandemia y contradicen las recomendaciones de autoridades sanitarias en todo el mundo, más allá de las directivas y recomendaciones de la OMS y todas las naciones que estuvieron o están en el epicentro de la pandemia. Entre estas acciones, están sus discursos oficiales que estimulan el fin del aislamiento social y el regreso a las actividades en colegios y comercios; la campaña oficial “Brasil no puede parar”; su participación en actos públicos que generan aglomeraciones públicas; y el decreto que determina la reapertura de iglesias y tiendas de lotería. 

“Los crímenes cometidos afectan severamente la salud física y mental de la población brasileña, exponen a diversos segmentos a un virus letal y que tiene una brutal capacidad de proliferación, como ya se demostró en diversos países. En los lugares donde se desatendió a la política de cuarentena se incrementó el impacto de la pandemia, como en Italia, España y Estados Unidos”, afirma la nota. 

Crímenes 

Según la ABJD, Bolsonaro está cometiendo el crimen de epidemia, establecido en el artículo 267 del Código Penal Brasileño y en la Ley número 8.072/1990, que dispone sobre delitos atroces. Además de violar la medida sanitaria preventiva, según establece el artículo 268 del Código Penal. El mandatario también viola la Ley número 13.979, de 6 de febrero de 2020, que trata específicamente de la emergencia de la covid-19, y el decreto interministerial número 05, del 17 de marzo de 2020, que determina en sus artículos 3º y 4º que el incumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena, así como la resistencia a someterse a exámenes médicos, pruebas de laboratorio y tratamientos médicos específicos llevan a condena con base en los artículos 268 y 330 del Código Penal. 

“Precisamente, es el presidente de la República quien anima a las personas a circular normalmente en las calles, colegios y puestos de trabajo, lo que crea una confusión tremenda, pues él mismo irrespeta las directivas de su propio gobierno”, afirma. 

Ante esto, los integrantes de la Asociación señalan que el jefe del Ejecutivo desprecia a las mejores autoridades científicas que recomiendan una estrategia de guerra para reducir los efectos de la pandemia. “El presidente de Brasil se hace eco de lo que dicen los inescrupulosos empresarios y se niega a adoptar los estándares mundiales de confinamiento social, abandona la estrategia para aplanar la curva de infección y ayuda a expandir y aumentar el contagio, lo que fatalmente llevará a un colapso del sistema de salud en Brasil”. 

Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma (Decreto 4.388/2002) guía la actuación de la Corte Penal Internacional y está incluido en el ordenamiento jurídico brasileño tras su aprobación en el Congreso Nacional. Al acatar la norma, el país comprende que hay crímenes que afectan directamente a miles de personas globalmente y escandalizan a la humanidad profundamente. 

El artículo 27.1 del Estatuto de Roma establece que la inmunidad del jefe de Estado no lo exime de su responsabilidad penal ni representa una razón para que se reduzca su pena. La inmunidad del cargo tampoco impide que la Corte ejerza su jurisdicción sobre el mandatario. 

Brasil no solo ratificó el estatuto, sino que incluyó su § 4º al artículo 5º de la Constitución Federal de 1988, reconociendo la sumisión del país a la jurisdicción internacional de la Corte. 

De este modo, la ABJD afirma que no cabe duda sobre la legitimidad y competencia de la Corte Penal Internacional para tramitar la denuncia. Además, la Asociación evidencia que la Fiscalía General de Brasil ya intentó hacer que el Fiscal General de la República – único órgano que podría procesar al mandatario en el país – convenza a Bolsonaro de que no siga con las acciones que ponen la población en riesgo ante una grave epidemia, sin embargo, la solicitud fue a archivo. 

“La internacionalización de la cuestión y un pronunciamiento de la Corte son urgentes y necesarios. Salvo excepciones, Brasil es el único país que cuenta con un presidente que aboga contra sus propias determinaciones legales y las de organizaciones internacionales. No se puede aceptar lo que está pasando en Brasil, es decir, la total impunidad de Jair Bolsonaro, que es el principal factor que incrementa y escala la práctica de nuevos crímenes”, concluye.